Ramón Castilla y Marquesado (Tarapacá, Virreinato del Perú, 31 de agosto de 1797 – Tiliviche, Tarapacá, Perú, 30 de mayo de 1867) fue un militar y político peruano que llegó a ser Presidente del Perú en dos ocasiones: de 1845 a 1851 (como Presidente Constitucional) y de 1855 a 1862 (inicialmente como Presidente Provisorio y luego Constitucional). En 1863 asumió también por unos días la presidencia provisoria, por fallecimiento del presidente Miguel de San Román. Gobernó en total 12 años, siendo el presidente que más años rigió en el Perú republicano, después de Augusto B. Leguía. Es considerado el primer presidente progresista e innovador de la República peruana, y a decir del historiador Jorge Basadre, con él empezó realmente el período republicano en el Perú, pues sus antecesores habían dedicado más tiempo a las guerras y contiendas civiles. Sus importantes reformas en la política y la sociedad de su tiempo confirman estos asertos; la más recordada de sus obras es la manumisión de los esclavos negros, decretada oficialmente en 1854. Pero también dio la ley de la libertad de prensa; abolió el tributo indígena; abolió la pena de muerte; fundó el servicio diplomático; reformó la administración pública; estableció el presupuesto; pagó la deuda externa e interna; organizó el Consejo de Ministros, creando su presidencia; inició la reforma educativa abandonando los moldes coloniales; modernizó el ejército; creó una fuerza naval respetable. Su mandato coincidió con la introducción de varios adelantos técnicos en el Perú como el telégrafo; el alumbrado a gas; y los ferrocarriles. Ramón Castilla también inició el desarrollo de la Amazonía peruana, entre otras obras. Es considerado patrón del Arma de Caballería del Ejército Peruano.
Era originario de Tarapacá, en la jurisdicción del Virreinato del Perú. Comenzó su carrera militar muy joven, en el ejército realista que fue derrotado en la batalla de Chacabuco. Llevado prisionero a Buenos Aires, obtuvo permiso para salir del país y pasó al Brasil, desde donde se encaminó de regreso al Perú. Reincorporado en el ejército español, al año siguiente de la proclamación de la independencia del Perú se plegó al ejército patriota. Contribuyó en la formación del cuerpo de caballería de la Legión Peruana, que luego se llamó los Húsares de Junín, y se destacó en la batalla de Ayacucho, en 1824. Siguió luego una ascendente carrera militar y política, participando en las guerras y revoluciones de la naciente República Peruana, y ocupando los más altos puestos públicos en los gobiernos de Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso. En 1836, poco antes del establecimiento de la Confederación Perú Boliviana, pasó a Chile, desde donde volvió con las expediciones restauradores que pusieron fin a dicho proyecto político. Sirvió como ministro de guerra del segundo gobierno de Gamarra, a quien acompañó en la campaña a Bolivia, hasta su fin en la batalla de Ingavi en 1841. Tomado prisionero por los bolivianos, fue liberado al firmarse la paz en 1842, regresando a su país, convulsionado entonces por la anarquía militar. Se propuso entonces restablecer el imperio de la Constitución y a las autoridades legítimas, encabezando una revolución constitucionalista contra el gobierno de facto de Manuel Ignacio de Vivanco, que triunfó finalmente en la batalla de Carmen Alto, en 1844. Tras el gobierno interino de Manuel Menéndez asumió la presidencia constitucional de la República en 1845, hasta 1851, seis años en total, en los cuales organizó al país y realizó muchas obras en todos los campos, con el respaldo de las rentas producidas por la riqueza guanera. El Perú entró entonces en una etapa de paz y progreso interno, así como de poderío y prestigio internacional. Esta política no fue seguida por su sucesor, el general Echenique, bajo cuyo gobierno estalló el escándalo de la consolidación de la deuda interna, lo que obligó a Castilla a encabezar la llamada Revolución Liberal de 1854, en el transcurso de la cual decretó la abolición del tributo indígena estando en Ayacucho (5 de julio de 1854), y la libertad de los esclavos negros estando en Huancayo (5 de diciembre del mismo año). Triunfó finalmente en la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855. Asumió entonces como Presidente Provisorio, apoyado por los liberales. Convocó a un Congreso Constituyente, que proclamó la Constitución liberal de 1856, lo que ocasionó la revolución conservadora de Vivanco, que derivó en la sangrienta Guerra Civil de 1856 a 1858. Al finalizar este conflicto, Ramón Castilla se apartó de los liberales y convocó a un Congreso que lo ratificó como Presidente Constitucional, el 24 de octubre de 1858, para un período de cuatro años. Dicho congreso fue relevado de sus funciones, instalándose otro en 1860 de carácter constituyente, que ese mismo año discutió y promulgó una nueva Constitución, de carácter moderado, que vendría a ser la Carta Política de mayor vigencia en la historia del Perú, ya que rigió hasta 1920. Al igual que en su primer gobierno, en este segundo Castilla hizo una buena labor, modernizando al país y estableciendo la supremacía del Perú en el continente, defendiendo su integridad territorial durante el conflicto con el Ecuador de 1859 a 1860. Fue también la época del boom del guano, que se convirtió en la principal fuente de recursos del Estado. Tras terminar su gobierno, ejerció interinamente el poder por unos días, en abril de 1863. Fue elegido senador por Tarapacá y presidente del Senado en 1864, y ante el conflicto con España, criticó el Tratado Vivanco-Pareja, por lo que fue desterrado en 1865 a Gibraltar por el gobierno de Juan Antonio Pezet. Vuelto a Lima en 1866, se radicó en Tarapacá, donde encabezó una revolución contra el presidente Mariano Ignacio Prado en defensa de la Constitución de 1860, pero falleció en el valle de Tiliviche en 1867 a los 69 años de edad. «Redentor del indio, libertador del negro, fundador de la libertad de prensa, demoledor del cadalso político», así evocó el diario El Comercio la memoria de Castilla.
Ramón Castilla, como Presidente del Perú.
Bajo de cuerpo, Castilla tenía una constitución de hierro y admirable resistencia física. Su continente marcial acompañado de una mirada penetrante, le daba aire de superioridad. Valiente y rápido en la acción, era excelente capitán y se conquistaba el afecto del soldado. Conocedor de los hombres intuitivamente, sabía la manera de gobernarlos. Su energía irresistible y su gran fuerza de voluntad lo elevaron sobre la multitud de caudillos de la primera etapa de nuestra vida republicana.
Mariscal Ramón Castilla, patriota esforzado que se consagró por entero a la grandeza de la nación, la cual él soñaba unida, próspera y fuerte. Comenzó a gobernar cuando ya había alcanzado esa madurez que dan los años y la experiencia del trato con los hombres. Castilla no era una persona imaginativa, pero vivía de realidades. Tenía un innato talento práctico y un espíritu penetrante. Era un hombre rudo y tosco, sus maneras ciertamente distaban de ser elegantes. Su amigo, el mariscal Nieto, decía que Castilla era «terco y de indomable carácter»; a veces dio muestras de magnanimidad y liberalidad, pero en la dictadura fue implacable con sus enemigos, a los que aplastó sin piedad y no sin rasgos de mezquina política, debido sobre todo a las difíciles circunstancias que tuvo que afrontar en el poder. Tenía en su haber dos cosas importantes: la una, conocer a la perfección el territorio peruano y el de las vecinas repúblicas, y la otra, haber tratado a casi todos los caudillos políticos de la época, de ahí que nadie le aventajase en la, conducción del gobierno. Durante su gobierno comenzó la era del progreso en el Perú.
Nació en el poblado de San Lorenzo de Tarapacá el 31 de agosto de 1797, durante el Virreinato del Perú. Fue hijo del bonaerense Pedro de Castilla y Manzano y de Juana Marquesado y Romero. Su abuelo paterno, el español Pedro Pablo Castilla, fue empleado de hacienda durante el virreinato. Mientras que su abuelo materno, el genovés Giovanni Batistta Marchese (quien castellanizó su nombre a Juan Bautista Marquesado) fue coronel del Ejército Realista de España. Ramón, durante su niñez, ayudó como leñador a su padre, e hizo viajes al desierto para recoger ramas secas de algarrobos. Confiado a la custodia de su hermano Leandro, pasó a Lima en 1810 y luego a la ciudad chilena de Concepción.
En 1812, se enroló junto con su hermano Leandro, en el ejército realista. Contaba entonces con quince años. Participó activamente en las campañas contra la patria vieja chilena. Tras la derrota de los insurrectos independentistas recibió en Santiago, en 1816, el despacho de cadete efectivo en el regimiento de caballería Dragones de la Frontera.
A los veinte años, como oficial de escolta del Brigadier Casimiro Marcó del Pont en el ejército español, cayó prisionero con él tras la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 en la hacienda «Las Tablas» cercana a El Quisco. Enviado al campo de detención de Las Bruscas en Buenos Aires, logró escapar junto al también prisionero realista Fernando Cacho. Pasó a Montevideo y de allí viajó a Río de Janeiro, desde donde retornó al Perú atravesando las selvas del Mato Grosso (Brasil) hasta Santa Cruz de la Sierra (actual Bolivia), y de allí a Lima, en una marcha a pie que duró 5 meses atravesando 7 mil millas, muchas veces por territorios salvajes, y que resultó de por si una hazaña no repetida. Reintegrado al ejército realista, en 1820 recibió el grado de alférez y continuó en filas realistas, sumándose al regimiento de Dragones de la Unión que guarnecía Arequipa. Pero decidió unirse a la causa de la libertad y tras la proclamación de la independencia del Perú, se unió al ejército patriota al mando del general José de San Martín, a principios de 1822.
Fue incorporado a un escuadrón de la Legión Peruana de la Guardia (que luego se llamó los Húsares de Junín), que se hallaba entonces en formación. Trabajó intensamente en el reclutamiento e instrucción de voluntarios. Tras la renuncia de San Martín como Protector del Perú, se puso a las órdenes del nuevo gobierno establecido en Lima. Por sus servicios en la organización de tropas peruanas, fue ascendido a mayor y luego a teniente coronel de caballería.
Sirvió lealmente al presidente José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, hasta que se enteró que éste había intentado negociar con los españoles, por lo que secundó al coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente en su apresamiento, en noviembre de 1823. Se puso luego al servicio de la dictadura de Bolívar, que preparaba la campaña final de la independencia, pero al negarse a cumplir la orden de Bolívar de entregar sus fuerzas al teniente coronel venezolano Trinidad Morán fue arrestado y engrilletado. Se le liberó con la condición que se presentara ante el jefe de la división peruana, José de La Mar, para que éste lo destinara como tuviera conveniente. La Mar lo incorporó como ayudante del estado mayor del ejército unido libertador.
La Batalla de Ayacucho, donde Castilla tuvo una destacada actuación, al punto de ser mencionado por Sucre en el parte respectivo, «juzgándolo muy digno de una distinción singular».
No participó en la batalla de Junín, pero supo que esta acción fue decidida por la caballería formada por sus esfuerzos, e hizo la campaña que culminó en la batalla de Ayacucho, donde fue el primer combatiente que penetró en campo realista y sufrió heridas de bala y lanza al transmitir las órdenes del comando, y Sucre lo mencionó elogiosamente en el parte respectivo. Por tal actuación ascendió a teniente coronel efectivo. En el hospital de sangre donde fue conducido para atender sus heridas tendría ocasión de reencontrarse con su hermano Leandro quien habíase mantenido leal a la causa del rey y como él también había resultado herido. En 1825 pidió licencia para visitar a su familia en su provincia natal, y a su paso por Arequipa conoció personalmente a Simón Bolívar, quien como recompensa a sus servicios lo nombró subprefecto de la provincia de Tarapacá. En Arequipa contrajo matrimonio con Francisca Diez Canseco.
Como subprefecto de Tarapacá se opuso a la Constitución Vitalicia de Bolívar y al proyecto político de crear la Federación de los Andes. Al frustrarse la reunión del Congreso, se decidió que dicha Constitución se aprobaría a través de los Colegios Electorales. Todos la aprobaron, menos el de Tarapacá, debido a la oposición de Castilla (1826).
Finalizada ya la influencia bolivariana y establecido el gobierno de José de La Mar, ante el inminente conflicto con la Gran Colombia fue trasladado a Arequipa, con la misión de organizar la reserva; allí sorprendió una conspiración tramada por los partidarios del presidente de Bolivia Andrés de Santa Cruz para segregar los departamentos del sur, en agosto de 1829, y actuó como fiscal en la causa seguida contra ellos. Ascendido a coronel, pasó a Lima en 1830. El presidente Agustín Gamarra lo nombró su edecán y en su compañía partió hacia Cuzco para combatir a la revolución federalista iniciada por el coronel Gregorio Escobedo, que fue sofocada el mismo día por los mismos cuzqueños. No obstante, Castilla continuó hasta la frontera con Bolivia y asumió la jefatura de Estado Mayor en la división de reserva que guarnecía la región; finalmente, el conflicto con Bolivia se resolvió con la paz de Tiquina, el 25 de agosto de 1831.
Ya de vuelta a Lima, Castilla censuró la política seguida por el presidente Gamarra y fue acusado de conspirador. Apresado, fue recluido primero en la Fortaleza del Real Felipe y luego en un pontón anclado en el Callao; pero enfermó y fue trasladado al hospital, de donde fugó a Chile, en marzo de 1833.
Reapareció en Tarapacá, donde respaldó la proclamación del general Luis José de Orbegoso como presidente provisorio. Pasó a Arequipa y al estallar la rebelión del general Pedro Pablo Bermúdez se mantuvo leal al gobierno y participó en la batalla de Cangallo, librada el 6 de abril de 1834. Restablecida la paz interna, fue ascendido a General de Brigada.
Fue nombrado prefecto y comandante general del departamento de Puno el 20 de junio de 1834, pero se vio obligado a renunciar el 24 de marzo de 1835 cuando allí se abrió paso la tendencia federalista. Pasó a Arequipa, para ponerse a órdenes del gobierno de Orbegoso, quien enfrentaba entonces la sublevación del general Felipe Santiago Salaverry; asumió la secretaria general de dicho gobierno y la jefatura de Estado Mayor. Pero cuando Orbegoso pactó el 15 de junio de 1835 la intervención boliviana para restaurar su autoridad en todo el país, Castilla se apartó de él. Pasó entonces a Lima, donde ofreció sus servicios a Salaverry, pero cuando éste no quiso comprometerse a favorecer una restauración constitucional, viajó a Chile, en febrero de 1836.
En Chile, Castilla conformó el grupo de emigrados peruanos que se oponían al proyecto de la Confederación Perú-Boliviana y que esperaban retornar con el apoyo de una fuerza expedicionaria chilena, que el omnipotente ministro chileno Diego Portales alistaba meticulosamente. Pero un grupo de oficiales chilenos se mostró contrario a ir al Perú y se sublevó en Quillota el 3 de junio de 1837, apresando a Portales. A las fuerzas chilenas enviadas a debelar la sublevación se sumó Castilla al mando de los “Coraceros de Junín”, cuerpo integrado por 150 voluntarios peruanos. Los amotinados fueron derrotados en el combate de Cerro Barón, pero Portales resultó asesinado; no obstante, los planes de guerra del gobierno chileno siguieron su curso.
Desde Chile se enviaron hacia el Perú dos Expediciones Restauradoras, conformadas por ejércitos aliados chilenos y peruanos (Ejército Unido Restaurador), a las que se sumó Castilla. La primera expedición fracasó en Arequipa, pero la segunda, comandada por el general chileno Manuel Bulnes y el peruano Agustín Gamarra, logró su objetivo. En esta última expedición Castilla peleó en el combate de Portada de Guías del 27 de agosto de 1838, y en la definitiva batalla de Yungay del 20 de enero de 1839, donde su energía y su visión táctica evitaron la retirada de los restauradores y decidieron su triunfo. A propósito, se dice que cuando el general Bulnes ordenó la retirada con estas palabras: «Nos han sobado, retirémonos a San Miguel donde podremos proseguir el ataque», Castilla, que comandaba la caballería, le respondió: «No hemos venido a correr», y tomando unos batallones los condujo a la boca de la quebrada de Áncash y fue así como decidió el triunfo de los restauradores. Por su brillante actuación se hizo merecedor a su inmediato ascenso a General de División.
En el segundo gobierno de Gamarra fue ministro de guerra, de 1839 a 1840, y como tal contribuyó a pacificar el país y a restablecer el orden administrativo. Fue enviado a sofocar la revolución regeneracionista iniciada en Arequipa por el coronel Manuel Ignacio de Vivanco, a quien derrotó en Cuevillas el 6 de abril de 1841; esto fue el inicio de una de las más enconadas rivalidades republicanas: Castilla versus Vivanco.
Como jefe de Estado Mayor Castilla acompañó al presidente Gamarra en la guerra contra Bolivia, combatiendo tenazmente en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841, donde falleció Gamarra. Hecho prisionero en el campo de batalla, fue conducido a pie hasta Oruro, de donde fue trasladado a Cochabamba y luego a Santa Cruz de la Sierra. Firmada la paz con Bolivia, retornó al Perú, arribando a Tacna el 5 de septiembre de 1842.
Por entonces el Perú se debatía en una anarquía militar y Castilla se propuso acabar con las guerras de facciones y restablecer el imperio de la Constitución de 1839, contando con la alianza de los generales Domingo Nieto y Manuel de Mendiburu. La meta de esta “revolución constitucionalista” iniciada en Tacna el 17 de mayo de 1843 era acabar con el gobierno de facto del Directorio encabezado por Vivanco y restablecer a la autoridad legítima, es decir, a Manuel Menéndez, el mismo que sucediera a Gamarra en 1841, en su calidad de presidente del Consejo de Estado (cargo equivalente a vicepresidente).
Las primeras victorias sobre las fuerzas vivanquistas se obtuvieron en Pachía, cerca de Tacna, el 29 de agosto de 1843 y en San Antonio, cerca de Moquegua, el 28 de octubre. Con los generales Domingo Nieto y José Félix Iguaín, Castilla integró el 3 de septiembre de ese año una Junta de Gobierno Provisorio en el Cuzco, cuya presidencia asumió tras el fallecimiento de Nieto, el 17 de febrero de 1844.
Un episodio de esta guerra fue la llamada “Semana Magna”, en la que el prefecto de Lima Domingo Elías, hasta entonces leal a Vivanco, se alzó contra el Directorio y organizó la defensa de la capital ante la amenaza de las fuerzas vivanquistas comandadas por José Rufino Echenique. Pero este ataque no se produjo porque Felipe Pardo y Aliaga advirtió a Echenique que Vivanco y Castilla se preparaban para un encuentro definitivo cerca de Arequipa. En efecto, los constitucionalistas de Castilla vencieron a las fuerzas directoriales de Vivanco en la batalla de Carmen Alto, el 22 de julio de 1844. Tras un corto interinato de Justo Figuerola, el 7 de octubre del mismo año fue restablecido en el mando Manuel Menéndez, con la misión de hacer el traspaso constitucional del poder.
La tarea más importante del gobierno de Menéndez fue la realización de las elecciones de las nuevas autoridades. Ya bajo el interinato de Figuerola, se habían convocado a colegios electorales, para que eligiesen al presidente de la república, a los senadores y diputados, y a otras autoridades. Se convino en que el Congreso debía reunirse el 9 de diciembre de 1844, pero como al llegar a esa fecha los colegios electorales del centro y sur (Arequipa, Moquegua, Cuzco, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Junín) no habían elegido senadores, Menéndez dio un decreto el día 14 de diciembre, a fin que las autoridades activasen la reunión de los colegios y se procediese a la elección de senadores para un Congreso Extraordinario, que se reuniría para hacer el escrutinio de la elección presidencial y proclamaría al Presidente de la República. Manifiestamente, el candidato a la presidencia que contaba con el favor popular era Ramón Castilla.
El 16 de abril de 1845 se reunió el Congreso Extraordinario, bajo la presidencia de Manuel Cuadros, ante el cual Menéndez pronunció un largo mensaje. Aprobadas las actas de los colegios electorales, el día 19 de abril, el Senado proclamó Presidente a Ramón Castilla.
Retrato de don Ramón Castilla.
Castilla juramentó el cargo de Presidente Constitucional el 20 de abril de 1845, para un mandato de 6 años, de acuerdo con la Constitución peruana de 1839. Gobernó hasta 1851, siendo el primer presidente que completó su mandato.
Este primer gobierno de Castilla significó para el Perú lo siguiente:
Con este gobierno se inició la etapa que el historiador Basadre ha denominado del «Apogeo Republicano», que culminó con el combate del 2 de mayo de 1866, en el Callao.
Castilla hizo un gobierno basado en el libre juego de las instituciones públicas, y sustentado sobre su recia personalidad de gran caudillo. Su gobierno fue de orden sin llegar a la arbitrariedad. Respetó la libertad de prensa, dentro de los marcos permitidos por la ley, impidiendo sus desbordes. Fue además un gobierno de unión nacional. Castilla llamó a sus rivales políticos para que colaboraran con su gobierno. Se sumaron así vivanquistas como Felipe Pardo y Aliaga, José Gregorio Paz Soldán y José Rufino Echenique. De todos modos se produjeron conspiraciones que fueron severamente debeladas. Cuando en agosto de 1848 se sublevó el general José Félix Iguaín, éste fue vencido y reducido a prisión; y cuando en febrero de 1849, se planeó una nueva sublevación por los generales Juan Crisóstomo Torrico y Miguel de San Román, estos fueron tomados presos y deportados.
En este campo, Castilla abordó tres puntos importantes: la organización de la hacienda pública por el régimen de los presupuestos; el sistema de las consignaciones implantado para la venta del guano, y el pago de las deudas interna y externa.
a) Establecimiento del Presupuesto Nacional
El Presupuesto es el cálculo que anticipadamente hace un gobierno de los ingresos que va a tener en un año determinado y sobre ese cálculo determinar los egresos o gastos. Desde el inicio de la República se había estipulado en la Constitución que los gobiernos contarán con presupuesto, pero no se pudo cumplir tal exigencia. Sin embargo, Emilio Romero, en su Historia Económica del Perú, afirma que el primer esbozo de gastos y entradas se hizo en 1827, aunque no fue aprobado por el Congreso. Esta situación fue definitivamente cambiada por Castilla, quien el 21 de octubre de 1845 y por intermedio de su Ministro de Hacienda Manuel del Río presentó a la Cámara de Diputados el presupuesto correspondiente al bienio 1846-47, pero el Congreso se clausuró al año siguiente sin aprobarlo; a éste se considera, sin embargo, el primer presupuesto de la República, porque el gobierno lo puso en práctica. Era de 5.963.361 de pesos como egresos y 4.191.800 como ingresos anuales. El primer presupuesto que contó con la aprobación del Congreso fue el del bienio 1848-49, promulgado en marzo de 1848. En este presupuesto se consideró la cantidad de 5.322.423 como ingresos anuales y de 5.315.310 como egresos anuales. El pliego de ingresos estaba constituido mayoritariamente por el producto de las rentas de las aduanas y la contribución de indígenas. A partir de entonces, este importante instrumento financiero del Estado estuvo presente en las discusiones parlamentarias.
b) El guano y las consignaciones
A partir de la década de 1840, el Perú se vio en posesión de una inesperada riqueza: el guano de las islas y litorales, producto de las deposiciones de millones de aves marinas. Conocidas sus propiedades fertilizantes desde la época prehispánica, estas fueron redescubiertas a principios de la República y a partir de 1841 se empezó a vender en grandes cantidades a Europa, cuyos gastados campos de cultivo lo necesitaban urgentemente. Al principio, para explotar estos yacimientos, el Estado los entregó en arriendo a particulares, quienes obtuvieron grandes ganancias. Visto lo espléndido del negocio, el Estado anuló esos contratos de arrendamiento e implantó el sistema llamado de las Consignaciones, en 1849. Por este sistema, el Estado mantenía la propiedad del guano hasta su venta final, pero encargaba a una determinada firma (el consignatario) la extracción, transporte y venta del guano. El consignatario debía lograr el mejor precio posible para el producto; luego descontaba del precio final de venta todos los gastos realizados y una comisión, y entregaba la diferencia al Estado. Este recibió así sumas cuantiosas, con los que quedó holgada la caja fiscal, empleándose preferentemente para la defensa nacional y para pagar las deudas externa e interna. Fue una época de bonanza económica para el Estado, que se prolongó hasta 1870 y fue conocida como la Era del Guano.
c) El pago de las deudas externa e interna
Todo estado tiene deudas con otros países (deuda externa) o con individuos e instituciones del propio país (deuda interna). Al momento de asumir al poder Castilla, el Perú tenía una cuantiosa deuda externa e interna que resolvió pagar con las rentas del guano. Tenía una deuda interna con particulares que habían aportado, en especie o en dinero, a favor de la guerra de la Independencia y durante las guerras y revoluciones subsiguientes. Tenía también una deuda externa con Inglaterra, Colombia y Chile por préstamos hechos principalmente durante la lucha independentista; con España, según lo estipulado en la Capitulación de Ayacucho; también con Francia y Estados Unidos. Por leyes de 1847, 1848 y 1850, Castilla ordenó el pago de la deuda interna, pago al cual se conoce con el nombre de «consolidación de la deuda interna», lo que originaría un tremendo escándalo de corrupción, ya en el gobierno siguiente de Echenique. Por una ley de 1848 Castilla ordenó el pago de la deuda a todos los países menos a España, hasta que este país reconociera la independencia del Perú. Este pago masivo de la deuda externa fue una buena medida, pues así se cimentaba la confianza internacional en el país.
Castilla, como buen militar, puso mucha dedicación a la defensa nacional, teniendo en cuenta que el Perú limitaba con cuatro países. Su estancia prolongada en Chile, en tiempos del todopoderoso ministro Portales, lo hizo ver claramente el peligro que significaba para el Perú estar desarmado ante vecinos siempre dispuestos a agredir. Por ello hizo las siguientes obras:
Como acontecimiento importante que prueba el poderío naval que alcanzó entonces el Perú, sucedió que en tiempos de la fiebre del oro en California, unos ciudadanos peruanos avecindados allí pidieron protección a Castilla a causa de unos disturbios. El presidente envió al bergantín Gamarra, que permaneció diez meses en la bahía de San Francisco.
José Gregorio Paz Soldán (1808-1862), jurista e internacionalista peruano. Canciller de la República, bajo el primer gobierno de Ramón Castilla.
La política internacional de Castilla estuvo orientada a darle al Perú la prestancia que debía de tener entre los países de América y del mundo. Comprendió principalmente los siguientes puntos:
Libro de Esclavitud en el Perú sobre la libertad de los esclavos.
Castilla, asesorado por expertos en el tema, abordó el problema educacional que desde la fundación de la República se encontraba abandonado. El 14 de junio de 1850 dio el primer Reglamento de Instrucción Pública, por el cual el Estado asumía la dirección y la administración de la educación en el país. Empezó también a separar los tres grados de educación que se daban en las escuelas, los colegios y las Universidades, aunque mantuvo la existencia de los Colegios Mayores, uno de los cuales pasó a ser el Colegio Guadalupe, lo que mantuvo la confusión existente desde la época colonial entre enseñanza media y superior.
Por cierto, merece destacarse el importante desarrollo que durante esta época tuvo la educación superior en los Colegios de San Carlos y de Guadalupe, así como en el Colegio de la Independencia (Facultad de Medicina de San Marcos) que bajo la dirección del doctor Cayetano Heredia inició la reforma de los estudios médicos en el Perú. También destacó el Seminario de Santo Toribio.
Al amparo de la libertad individual, el orden interno y el progreso material, adquirieron gran impulso las luchas ideológicas. Esta se dio entre los conservadores, liderados por el sacerdote Bartolomé Herrera, y la segunda generación de liberales, representada por los hermanos Pedro y José Gálvez Egúsquiza, Manuel Toribio Ureta y Domingo Elías.
Herrera enseñaba en el Convictorio de San Carlos y los hermanos Gálvez en el Colegio Guadalupe, haciendo a cada uno de estos centros de estudios en la trinchera de la respectiva ideología. Se produjeron así interesantes debates, como la cuestión de la abolición de la esclavitud, por citar un ejemplo. En 1849, elegidos diputados los tres, llevaron a la tribuna parlamentaria las discusiones ideológicas realizadas hasta entonces desde la cátedra.
Para las elecciones de 1850, Castilla auspició la candidatura del general José Rufino Echenique, con el apoyo de sectores conservadores. Otros candidatos importantes fueron el general Manuel Ignacio de Vivanco, apoyado por los conservadores; y Domingo Elías, civil, fundador del Club Progresista, apoyado por hombres de negocio e intelectuales liberales. También postularon los generales Antonio Gutiérrez de La Fuente, Miguel de San Román y Pedro Pablo Bermúdez.
Echenique triunfó en esta elección, que a decir del historiador Basadre fue el primer proceso electoral verdadero de la historia republicana del Perú, aunque con serios indicios de malas maniobras.27 Echenique recibió el mando el 20 de abril de 1851 y su gestión se convirtió de alguna manera en la prolongación del primer gobierno de Castilla, pero se vio envuelto en el escándalo de la consolidación (o cancelación) de la deuda interna, en la que sus allegados y amigos se beneficiaron económicamente, siendo el primer caso escandaloso de corrupción en el Perú republicano
Alzando como bandera el repudio al escándalo de la consolidación se levantó en Ica el líder civil Domingo Elías, pero fue derrotado por las fuerzas gobiernistas en la batalla de Saraja, el 7 de enero de 1854. A este hecho siguió inmediatamente el levantamiento en Arequipa, en cuyo manifiesto se acusó al gobierno de indolencia frente a los ultrajes infligidos por el gobierno de Bolivia. El mariscal Castilla lideró la rebelión, desplazando a Vivanco y contando con el apoyo de los jóvenes líderes liberales Pedro Gálvez Egúsquiza y Manuel Toribio Ureta. A la rebelión se sumaron también Domingo Elías, el general Miguel de San Román y el general Fermín del Castillo. Esta insurrección fue gran movimiento popular que derivó en una guerra civil muy prolongada y costosa para el país.
Durante la lucha Castilla se declaró presidente provisorio; en Ayacucho decretó la abolición definitiva del tributo indígena (5 de julio de 1854); luego derrotó a las fuerzas de Echenique en Izcuchaca, marchando enseguida a Huancayo donde firmó el histórico decreto aboliendo la esclavitud en el Perú (3 de diciembre de 1854). La victoria definitiva de la revolución se consumó en las afueras de Lima, en la batalla de La Palma, donde las tropas de Echenique fueron derrotadas (5 de enero de 1855). Al día siguiente se desató la violencia y pánico en Lima, donde fueron asaltadas las casas de los “consolidados”.
En reacción a la abolición de la esclavitud los principales diarios de Lima se alarmaron de las futuras consecuencias de la liberación de los esclavos, y los principales hacendados del país formaron una junta presidida por Antonio Salinas y Castañeda, hacendado del valle de Huaura, para plantear el monto de una indemnización y representar al latifundio ante el gobierno.
Ese mismo año, los mismos hacendados impusieron al gobierno un reglamento de policía rural muy estricto para prevenir los esperados desbordes consiguientes a la abolición.
Tras la batalla de La Palma, se instaló en Lima un gobierno provisional con Castilla como Presidente y los liberales Pedro Gálvez, Manuel Toribio Ureta y Domingo Elías como ministros, más el general Miguel de San Román que ocupó el ministerio de Guerra. Una importante medida fue el decreto del 25 de marzo de 1855, firmado por Castilla y Pedro Gálvez, que anunciaba la absoluta libertad en comunicación del pensamiento por medio de la imprenta; se sumaba así a los importantes decretos liberales de la abolición de la esclavitud y la contribución de indígenas.
El gobierno convocó a elecciones para la reunión de una Convención Nacional o Congreso, cuyo fin sería reformar la Constitución. Por primera vez se convocó a elecciones con sufragio directo y universal: directo, pues no se elegiría a los Colegios Electorales, sino directamente a los representantes del nuevo Congreso; y universal, porque todos los peruanos votarían sin ninguna limitación, sin importar ser analfabeto o no tener fortuna.
Realizadas las elecciones, la Convención Nacional se instaló el 14 de julio de 1855 y ratificó a Castilla como Presidente Provisorio. Instalado su gobierno, Castilla, de temperamento autoritario, se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos. Se iniciaba así el rompimiento con los liberales.
En la Convención Nacional surgió una disputa tensa entre la mayoría liberal y la minoría conservadora partidaria de Castilla. El más notable de los tribunos liberales era José Gálvez Egúsquiza. La Convención, además de funcionar como asamblea constituyente, ejerció el Poder Legislativo en toda su extensión, dictando leyes de carácter permanente y también de circunstancias. Por fin, después de grandes debates, en octubre de 1856 se terminó de discutir la nueva Constitución, que debía reemplazar a la Constitución Conservadora de 1839.
La Constitución de 1856, de tendencia liberal, limitó las atribuciones del poder ejecutivo, estableciendo la vacancia de la Presidencia de la República por atentar contra la forma de gobierno o disolver el Congreso. Estableció que el período presidencial duraría cuatro años y no seis años como en la anterior Constitución; creó el Consejo de ministros; suprimió los fueros personales, abolió la pena de muerte; estableció el sufragio popular directo para todos los peruanos que supieran leer y escribir; restableció las Juntas Departamentales y las Municipalidades. Los liberales no lograron imponer la libertad de cultos, y el Estado continuó protegiendo la religión católica, no permitiendo el ejercicio de otros cultos, pero se suprimió las vinculaciones y fueros eclesiásticos, así como los diezmos y primicias.
El Presidente Castilla juró esta Constitución que fue promulgada el 19 de octubre de 1856, pero expresó su disconformidad con ella, sobre todo por la disminución de las atribuciones del presidente, aumentando así la situación de tirantez entre el Gobierno y el Congreso. La Convención fue disuelta el 2 de noviembre de 1857 por una patrulla de soldados a órdenes del coronel Pablo Arguedas, mientras Castilla se hallaba ocupado en el asedio de Arequipa, en el marco de la guerra civil estallada el año anterior. Si bien Castilla condenó este acto, era evidente que tal situación le convenía, tan así que una vez que retornó a Lima no restituyó dicho parlamento.
Los conservadores, descontentos con el régimen liberal imperante, se reunieron en torno del general Manuel Ignacio de Vivanco y se alzaron contra el gobierno.
La rebelión estalló en Arequipa el 31 de octubre de 1856, donde en un acto público se quemó la Constitución recientemente proclamada. De allí se extendió a Moquegua, Ayacucho y Piura, y luego la escuadra se plegó al movimiento; entre los de los marinos rebeldes se contaban Miguel Grau y Lizardo Montero. Aprovechando su dominio del mar, los revolucionarios realizaron una expedición hacia el norte, pero fracasaron en su intento de sublevar esa parte del Perú. De regreso, desembarcaron en el Callao y atacaron la población, el 22 de abril de 1857, ataque que fue rechazado por el pueblo chalaco; en premio a este acto, el Callao recibió la denominación de Provincia Constitucional, por haber defendido el gobierno constitucional que representaba Castilla.
El asalto de Arequipa del 6 al 7 de marzo de 1858.
La rebelión quedó circunscrita a Arequipa, con escasas posibilidades de triunfo. Sin embargo, el pueblo arequipeño decidió mantenerse en rebeldía. Para poner sitio a la ciudad, desde Puno partieron las fuerzas gobiernistas a órdenes del general Miguel de San Román. El pueblo arequipeño, espontáneamente, formó batallones, construyó defensas y se aprestó a la lucha. En las cercanías de la ciudad se produjeron sangrientos encuentros. Uno de ellos, producido en Yumina, el 28 de junio de 1857, fue considerado como un triunfo por los vivanquistas, aunque estos no lograron romper el cerco que los gobiernistas les tendieron. Castilla decidió tomar personalmente el mando del ejército y llegó por vía marítima al teatro de operaciones; tras unirse a las fuerzas de San Román, puso sitio a Arequipa.
Por fin, después de nueve meses de sitio, Castilla decidió el ataque a la ciudad. Se inició en la noche del 5 de marzo de 1858 y duró hasta el mediodía siguiente, siendo extremadamente sangriento. En la acequia de Santa Rosa la sangre corrió como agua. Los defensores se aferraron tenazmente a sus defensas y hubo batallones enteros, como el llamado «Columnas Inmortales», formado por los artesanos, que cayeron muertos íntegramente sin retroceder. A las 11 y 35 de la mañana del 6 de marzo el ejército de Castilla se reunió en la Plaza de Armas de Arequipa, culminando así la lucha. La rebelión estaba vencida. Vivanco huyó a Chile.
La Banda Presidencial de Ramón Castilla.
Si bien la rebelión de Vivanco fracasó en el camino de los hechos, su intención, esto es, acabar con la influencia de los liberales en las decisiones de gobierno, terminó por imponerse. La Convención, disuelta en noviembre de 1857, no fue nuevamente convocada e incluso fueron enviados al destierro los principales líderes liberales.
Castilla optó por convocar a elecciones para un Congreso Extraordinario y para la elección del Presidente Constitucional, ya que él era sólo Presidente provisional. Él mismo se presentó como candidato, y los liberales lanzaron al general José Miguel Medina. Realizadas las elecciones, triunfó Castilla. El nuevo Congreso se instaló en octubre de 1858 y proclamó a Castilla Presidente Constitucional, con un mandato de cuatro años.
El Congreso Extraordinario suspendió sus sesiones en mayo de 1859, anunciando su reinstalación como Congreso Ordinario para julio del mismo año. Pero el gobierno frustró tal iniciativa, decretando elecciones para nuevos representantes, que se reunirían en el año siguiente. Castilla argumentó al respecto que solo al Ejecutivo competía convocar al Congreso.
La Constitución liberal de 1856 no había satisfecho al país. El Congreso de 1860, convocado por Castilla, se arrogó la facultad de Constituyente, procediendo rápidamente a discutir y reformar la Constitución. Se produjeron grandes debates. Como líder de los conservadores estuvo nuevamente Bartolomé Herrera, quien presidió el Congreso, aunque en el bando de los liberales ya no estaban los hermanos Gálvez.
La nueva Constitución se promulgó el 13 de noviembre de 1860. Esta no fue ni liberal ni conservadora, sino moderada. Estableció la pena de muerte; volvió al sistema de votación indirecta; estableció el funcionamiento de dos cámaras en el Congreso; estableció que para ser diputado se debía tener 25 años de edad y para senador 30; respetó las Municipalidades; prohibió la reelección presidencial y sancionó la primacía de la religión católica. Esta Constitución, más sensata y realista que las anteriores, ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, pues duró hasta 1920.
Un grupo de liberales que quedaron en Lima, tramaron varias conjuras contra Castilla. El 25 de julio de 1860 un embozado a caballo intentó asesinar a Castilla en la Plaza Mayor de Lima, logrando solo herirle con un disparo en el brazo. Y el 28 de noviembre del mismo año, varios civiles armados y una parte del batallón Lima (que fue sacado de su cuartel con engaños) atacaron el domicilio del presidente situado en la esquina de las calles Divorciadas e Higueras; pero la tropa reaccionó y fue repelido el ataque.
En 1857 se batieron todas las marcas en la venta del guano: este llegó a representar el 83 % de todos los ingresos estatales. El guano se convirtió prácticamente en el único sostén del Estado. Empezaron entonces los problemas con los consignatarios, que obtenían grandes ganancias. Como el tesoro público se hallaba siempre requerido de dinero, los consignatarios adelantaban empréstitos al Estado a cuenta del guano que explotarían en el futuro, con altos intereses, lo que a la larga traería la ruina económica al país, al ser el guano solo una riqueza pasajera. Pero por lo pronto, el Perú disfrutaba de los ingresos del guano.
A las alturas de 1860, el Perú exportaba, además de guano, el salitre procedente de Tarapacá, bórax, plata, lanas. Importaba, en cambio, alimentos, ropa, muebles y artículos suntuarios, tales como sedas, vinos y licores.
Se permite el ingreso de trabajadores chinos (coolíes) para la explotación del guano a través de «el enganche». El primero en traer chinos al Perú fue Domingo Elías.
Castilla promulgó el 7 de abril de 1855 un nuevo Reglamento de Instrucción Pública, el cual duraría hasta el gobierno de Manuel Pardo (1872-76). Este Reglamento estructuró adecuadamente el sistema educativo, disponiendo que la instrucción pública tuviera tres grados: la popular, la media y la superior. Se acabó así con la indefinición que existía en dicho campo, pues hasta entonces no se diferenciaba la educación media de la superior.
La instrucción popular (primaria) debería de extenderse con carácter masivo y cumplir con la disposición constitucional que garantizaba su gratuidad. Se dispuso la construcción de locales escolares, pero no se dieron los medios necesarios para realizarlo, quedando buena parte de esta reforma en el papel.
Asimismo, el Colegio Guadalupe dejó de proporcionar educación superior, siendo dedicado desde entonces a dar instrucción media o secundaria, como hasta hoy viene haciéndolo.
En cuanto a la educación universitaria, se consideró que la Universidad era un todo orgánico constituido por cinco Facultades: Teología, Medicina, Jurisprudencia, Filosofía y Letras y Ciencias Naturales y Matemáticas. Se dispuso que los antiguos Colegios Mayores, por corresponder a estas facultades, se incorporasen a la Universidad. Pero sucedió que ni la Universidad de San Marcos ni el Convictorio de San Carlos (a cuya estructura correspondía las tres últimas facultades) aceptaron plenamente la reforma y se aferraron a sus antiguos privilegios. Solo años después, en 1866, se completó esta reforma, y el Convictorio se convirtió en la Facultad de Humanidades y Derecho de la Universidad de San Marcos.
La política internacional de Castilla, en este segundo gobierno, tal como ya había ocurrido en el primero, se inspiró en un profundo sentimiento de la solidaridad americana, y en una conciencia siempre atenta al orgullo de la patria y la dignidad de la nación. Por entonces, las grandes potencias europeas intervinieron en algunos países independientes de América y la política de Castilla fue la de oponerse enérgicamente a esas pretensiones convocando a la unidad americana.
Castilla se mostró interesado por el desarrollo de la Amazonía peruana, continuando así la política que iniciara en su primer gobierno. Para ello era de vital importancia obtener de Brasil la libre navegación en el Amazonas a fin de lograr una salida al Océano Atlántico, ya que la Convención de Comercio y Navegación de 1851 no había otorgado tal beneficio. Después de lenta y laboriosa labor diplomática se consiguió el objetivo firmándose con el Brasil la Convención Fluvial del 22 de febrero de 1858.
Conseguida la libre navegación en el Amazonas, Castilla se preocupó por el desarrollo de la región para lo cual dio las siguientes medidas:
En 1857, el Ecuador celebró un convenio con sus acreedores británicos adjudicándoles en pago, territorios de Quijos y Canelos, que a juicio del gobierno del Perú le pertenecía, basándose en la Real Cédula de 1802. Tras varios intercambios de notas la situación se puso tensa. La cancillería ecuatoriana solicitó el retiro de Quito del ministro peruano Juan Celestino Cavero. Se rompieron las relaciones diplomáticas. El Congreso autorizó a Castilla emplear todos los medios a fin de alcanzar satisfacciones de parte del Ecuador, incluyendo la guerra.
La primera medida que tomó Castilla fue decretar el bloqueo pacífico de toda la costa ecuatoriana (26 de octubre de 1858). Guayaquil empezó a sufrir los estragos del sitio, por lo que el comandante general de esa plaza, general Guillermo Franco, aceptó firmar un armisticio con el jefe de la flota peruana, vicealmirante Ignacio Mariátegui (20 de agosto de 1859). Poco después Castilla aprobó la suspensión del bloqueo de toda la costa ecuatoriana, para así facilitar un arreglo con el gobierno ecuatoriano.
Pero sucedió que el Ecuador entró en un período de anarquía política, ante el inicio de una guerra civil en la que se establecieron cuatro gobiernos provisorios: un triunvirato en Quito, presidido por Gabriel García Moreno, una jefatura suprema en Guayaquil, al mando de Guillermo Franco y que dominaba toda la costa, un gobierno títere de Franco en Cuenca y un gobierno federal en la provincia de Loja, al mando de Manuel Carrión, por lo que el Estado ecuatoriano no tenía un gobierno legítimo.
El problema que se planteaba a Castilla era pues que, no habiendo un único gobierno plenamente legítimo en el Ecuador, no era posible iniciar conversaciones, pues se corría el riesgo de que una facción invalidase la que otra aceptase. No obstante, Castilla preparó la expedición naval y militar contra el Ecuador, y el 29 de setiembre de 1859, se embarcó él mismo. Dejó en el poder en Lima al doctor Juan Manuel del Mar.
La armada peruana la conformaban 15 buques, que transportaban a seis mil soldados. Como el propósito de Castilla no era el de humillar al Ecuador ni de arrebatarle territorio, envió una nota a cada uno de los jefes de las facciones ecuatorianas, dándoles un plazo de 30 días para que llegaran a entenderse y conformaran un gobierno legítimo; en caso de no ocurrir ello, anunció su propósito de reanudar las operaciones militares.
Finalizado el plazo y al no producirse la solución del conflicto interno en Ecuador, la escuadra peruana se presentó en Guayaquil el 12 de noviembre de 1859, sin hacer fuego. Los defensores del puerto quisieron negociar y Castilla exigió que se permitiera el desembarco de sus tropas, lo que fue aceptado. Las tropas peruanas se posesionaron de las alturas de Mapasingue (25 de noviembre), desde donde se dominaba Guayaquil y sus accesos. Como los gobiernos del Guayas, Azuay y Loja llegaron a unificarse momentáneamente bajo el mando de Franco, Castilla decidió entenderse con este jefe antes que con García Moreno, que tenía el gobierno de Quito. En efecto, este último tenía el respaldo de la capital de la república (por ende sede principal del gobierno ecuatoriano) y de gran parte de la sierra ecuatoriana. Pero a pesar ello, prefirió Castilla llegar a acuerdos con Franco, pues ambos estaban confabulados. El presidente peruano ofrecía respaldar la jefatura del general ecuatoriano, siempre y cuando reconociera la cédula misional de 1802.
Así pues, con la autorización de Franco, las tropas peruanas entraron en Guayaquil el 7 de enero de 1860, sin necesidad de disparar un balazo. El 25 de enero Castilla firmó con el gobierno de Franco el Tratado de Mapasingue, en el que, esencialmente el Ecuador reconocía la validez de la Real Cédula de 1802, y por tanto la soberanía peruana sobre los territorios de Quijos y Canelos; declaraba nula la adjudicación de territorios hecha a sus acreedores ingleses y se establecía que dentro de dos años una Comisión especialmente nombrada por los dos países procedería a señalar los límites entre ambos Estados. Castilla no quiso mostrarse implacable o feroz con Ecuador y antes de marcharse, obsequió uniformes, calzados y fusiles al ejército franquista.
No obstante, Franco no era el gobernante legítimo del Ecuador, sino apenas un dictador secesionista en Guayaquil, y fue derrotado por las tropas del gobierno de Quito, presidido por García Moreno, el 26 de septiembre de 1860. Este gobierno desaprobó el Tratado, firmado por Franco, tan pronto como Castilla se marchó; el Congreso peruano, ya en el gobierno de San Román, también lo desaprobó en 1863.
El problema con el Ecuador se prolongaría por mucho tiempo más, volviéndose un asunto centenario. En el Perú se ha reprochado a Castilla no haberle dado solución entonces, teniendo todo a su favor para hacerlo. Los continuos problemas limítrofes entre ambos países darían lugar a una nueva guerra peruano-ecuatoriana en 1941, conocida como la Guerra del 41.
Al finalizar en 1862 el segundo gobierno de Castilla, se vislumbró una enconada lucha electoral entre tres candidatos: el mariscal Miguel de San Román, el general Juan Antonio Pezet y el doctor Juan Manuel del Mar; el primero contaba con el apoyo oficial de gobierno. Pero la lucha desapareció cuando falleció Del Mar y Pezet se unió a San Román, aceptando ser su vicepresidente. Los liberales apoyaron también a San Román.
Realizadas las elecciones, resultó elegido San Román como presidente; para primer vicepresidente el general Pezet, y para segundo vicepresidente el general Pedro Diez Canseco.
Al fallecer el mariscal Miguel de San Román el 3 de abril de 1863 tras apenas seis meses de gobierno, Castilla asumió por cuarta vez la presidencia, en forma interina, pues ninguno de los dos vicepresidentes se hallaban en Lima. Se temió que Castilla se perpetuase en el poder, pero solo permaneció por unos días hasta el regreso de Pedro Diez Canseco, el segundo vicepresidente, el 9 de abril, quien igualmente asumió el poder de manera transitoria, por ausencia del primer vicepresidente, Juan Antonio Pezet, que había viajado a Europa por motivos de salud. Pezet volvió y asumió el poder el 5 de agosto de ese año; de acuerdo a la Constitución, debía culminar el período de San Román.
En 1864 Castilla fue elegido senador por Tarapacá y presidente de su cámara; desde esa posición condenó la política internacional del gobierno de Pezet frente a la agresión de la escuadra española del Pacífico, por lo que fue apresado y desterrado hasta las playas del Peñón de Gibraltar, en febrero de 1865. Pero esta medida no favoreció al gobierno, pues de todas formas Pezet fue derrocado, gracias a la chispa revolucionaria que dejó encendida Castilla antes de partir al destierro, lo que daría lugar al surgimiento de figuras pertenecientes a una nueva generación. En su ausencia se produjo el Combate del Dos de Mayo, última acción de la flota española de aguas peruanas, que fue celebrado como una victoria por el Perú y sus aliados sudamericanos.
A su regreso al Perú, el 17 de mayo de 1866, Castilla fue objeto de homenaje en Lima, ocasión en la cual dijo al momento de alzar la copa: «Brindo, señores, por los viejos que conquistaron la independencia y por los jóvenes que el 2 de mayo supieron consolidarla». Pero se opuso al presidente Mariano Ignacio Prado y fue deportado a Chile; desde allí, ya septuagenario, se rebeló en defensa de la Constitución moderada de 1860, que el gobierno intentaba reemplazarla por la Constitución liberal de 1867. Desembarcó en Pisagua (puerto de Tarapacá, entonces territorio peruano) con una pequeña escolta, regresando de este modo al Perú con el propósito de tomar por quinta vez las riendas del gobierno. Murió durante el viaje hacia la ciudad de Arica, en el valle de Tiliviche, el 30 de mayo de 1867, y sus últimas palabras fueron: «Un mes más de vida Señor y haré la felicidad de mi patria, sólo unos días más».
Casado con la dama arequipeña Francisca Díez-Canseco y Corbacho, hija del general Manuel José Diez-Canseco Nieto y hermana de los presidentes Francisco y Pedro Diez Canseco Corbacho. No tuvo descendencia en ella. Sin embargo, tuvo tres hijos naturales reconocidos (dos antes de casarse y uno durante su matrimonio), y algunos señalan que hubo otros tres no reconocidos.
Los tres hijos reconocidos que tuvo antes de su matrimonio con Francisca, fueron los siguientes:
Asimismo, Castilla y su esposa criaron a dos sobrinas como si fueran sus hijas adoptivas: María Mercedes y María de los Angeles Diez Canseco de Olazábal. Ellas eran hijas de Manuel Diez Canseco Corbacho, hermano de doña Francisca. Castilla las desposó con dos de sus secretarios: Mercedes con el doctor Manuel Yrigoyen Arias, quien llegó a ser un brillante diplomático, y Angelita con el capitán Manuel Velarde Seoane. La familia que más destacó fue la de los Irigoyen Diez Canseco, que se ha prolongado hasta la actualidad.
Según el historiador Jorge Basadre, Ramón Castilla es en resumen lo mejor de los primeros cincuenta años de la República peruana. Es aquella figura a la que todos llaman taita (padre), el libertador del negro, el redentor del indio, un hombre realmente muy sencillo y del pueblo, y que llegó con su nombre muy adentro de las multitudes. Patriota a carta cabal, su amor al Perú no solo fue de “palanganada” (jactancia), sino que lo demostró en la práctica con creces, como militar y gobernante. Supo ser al mismo tiempo caudillo y estadista, y trajo orden y prosperidad al Estado, por eso al grito de “¡Viva Castilla!” la gente se iba a matar, y al mismo grito se hicieron y deshicieron revoluciones hasta el mismo día de su muerte. Pero este mismo caudillo y estadista, que le tocó gobernar en medio de la prosperidad económica del guano que a tantos enriquecieron, murió pobre y con deudas, y por ello el poeta Carlos Augusto Salaverry dijo:
La pluma de la historia dirá un día,
Cuando su cetro la verdad recobre:
«Fue tan patriota como se podía,
Y aunque el oro a sus plantas esparcía;
El pueblo le bendijo: murió pobre.»
Leyendo su biografía podemos decir: «Aquí se aprende a triunfar». Con el vencedor de Barón, de Yungay, de Intiorco, de Cuevillas, de Pachía, de San Antonio, de Carmen Alto, de Izcuchaca, de La Palma, de Arequipa, de Mapasingue, cabe decir: He aquí un guerrero peruano cuya exaltación puede hacerse sin lamentaciones de “yaraví”.
Ya como presidente, Castilla tuvo dos casas en Lima: una en Chorrillos, probablemente en la calle del Tren, y otra en la calle Divorciadas e Higueras (actual intersección de los jirones Cuzco y Carabaya). La primera fue totalmente destruida por la barbarie chilena durante la guerra del Pacífico, mientras que la segunda sobrevive hasta la actualidad aunque en precarias condiciones, a la espera de su restauración. Es una antigua casa colonial que data del siglo XVII. Castilla la adquirió en 1850, de la testamentaria de don Mariano de la Puente, por 20.000 pesos. Tras el fallecimiento de Castilla, su viuda doña Francisca Diez Canseco, agobiada por las deudas de su esposo, vendió la propiedad por 30.000 pesos. Después de pasar por una serie de propietarios, fue adquirida por el Estado, yendo a manos del INC (actualmente Ministerio de Cultura).
Por ley aprobada en el Congreso de la República el 25 de junio de 1867 se dispuso que el Poder Ejecutivo tomara las disposiciones necesarias para los funerales de Castilla, que se realizarían en Lima. El gobierno del coronel Mariano Ignacio Prado (contra el que se había sublevado) ordenó gastar 16 mil soles en el mausoleo del Mariscal que debía llevar la inscripción: «El Perú al Gran Mariscal Ramón Castilla». Una comisión del Congreso asistió a los funerales, y a la viuda, doña Francisca Diez Canseco, le fue asignado un montepío como si su esposo hubiera muerto en guarnición. La muerte de Castilla causó honda repercusión en todo el país y paralizó por algún tiempo la ofensiva de los opositores al gobierno, previo al estallido de la revolución que tuvo como focos a las ciudades de Arequipa y Chiclayo.
El 9 de diciembre de 1940 el teniente coronel del ejército argentino Raúl Aguirre Molina pronunció el siguiente discurso al entregar una placa conmemorativa al monumento de Castilla:
En mi tierra, en su más bello ambiente, el de los gauchos, un criollo conquista fama y nombradía, cuando en las justas camperas, no pudiendo dominar la ferocidad del redomón, el jinete cae a tierra con las riendas en la mano. Castilla sublimizó la proeza. Cuando su trompa de órdenes tocó ¡Alto! Al final de la jornada, el jefe hecho pie a tierra, apoyó la cabeza sobre el pecho de su ayudante, y, como buen soldado de caballería murió con las riendas en la mano.
Aparte de ese mausoleo suntuoso erigido en el Cementerio Presbítero Maestro, tardó mucho tiempo en levantarse en el centro de Lima un monumento digno de la memoria del Gran Mariscal. El primero fue inaugurado en 1915, en la Plazoleta de La Merced (Jirón de la Unión, frente a la Basílica de La Merced), y fue obra del escultor limeño David Lozano. Este monumento, de dimensiones modestas, representa una efigie pedestre de Castilla, en actitud sencilla.
El gran monumento representativo debió esperar más tiempo. En 1967, al celebrarse el centenario de la muerte de Castilla, se eligió a la Plaza Unión (situada en el cruce formado por las Avenidas Alfonso Ugarte, Argentina y Emancipación) como lugar donde debía erigirse la estatua ecuestre del Gran Mariscal, cuya ejecución se encargó al escultor pisqueño José Luis Peña y Peña. Era entonces Presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y alcalde de Lima el doctor Luis Bedoya Reyes. El monumento se inauguró en 1969 y se cambió el nombre de dicho espacio público por el de Plaza Castilla, pero es un nombre poco usado actualmente.
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